A pesar de los avances conquistados por las mujeres en cuestiones de derechos, los espacios públicos de las ciudades, siguen siendo mayoritariamente masculinos. Uno de los factores que dificultan la irrupción plena de las mujeres como ciudadanas en lo público y de la apropiación en las diferentes escalas de territorios, son las violencias que se ejercen contra éstas en estos espacios.
El Comentario general nº3 “Mujeres y niñas con discapacidad del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) reconoce que los actos de violencia, explotación y/o abuso contra las mujeres con discapacidad que violan el artículo 16 de la Convención, incluyen, entre otros, la eliminación o control de ayudas de comunicación y el rechazo de la ayuda para comunicarse, la negación de la movilidad y accesibilidad personal, así como la eliminación o destrucción de la accesibilidad existente (como rampas, dispositivos de asistencia, sillas de ruedas, etc.).
La teórica y activista del urbanismo Jane Jacobs identificaba las causas de la violencia en lo cotidiano de la vida urbana como una confluencia de factores entre planificación, seguridad ciudadana, calidad de vida y grado de abandono de los espacios urbanizados.
La dimensión de la seguridad aparece también recogida en la Carta Europea de la Mujer en la Ciudad de 1995, que realiza una evaluación de la situación actual de las mujeres en las ciudades basándose en un análisis de cinco temas prioritarios (planeamiento urbano y desarrollo sostenible, seguridad, movilidad, hábitat y equipamientos locales y estrategias).
En el apartado sobre seguridad ciudadana la carta señala que “el diseño y la organización de la ciudad están directamente relacionados con la violencia que existe en las calles. Las mujeres no deberían ser consideradas como las únicas responsables de su propia seguridad personal. Para conseguir esta meta lo esencial es que la seguridad en la ciudad debe llegar a ser la expresión de una sociedad de respeto mutuo”. Asimismo, la Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad denuncia que la percepción de inseguridad urbana es uno de los problemas más preocupantes en las ciudades, situación que se ve agravada por el tratamiento que se otorga en los medios de comunicación, que promueven respuestas autoritarias y represivas.
La violencia que se experimenta o se percibe como amenaza cierta, ejerce un efecto de restricción para el acceso, uso y apropiación de la ciudad por parte de la ciudadanía y en especial de las mujeres, constituyendo uno de los obstáculos más importantes para su desplazamiento y por lo tanto para su autonomía.
Todavía se sigue invisibilizando la inseguridad que afecta específicamente a las mujeres, ya sea violencia en el ámbito privado como la violencia de género en la ciudad. Esta invisibilidad se extiende a las conductas agresivas y violentas, en las calles, los espacios públicos, los medios de transporte, (ofensas, acoso sexual, violaciones). La criminalidad no siempre es denunciada y menos aún sancionada. La vinculación entre prevención del delito y las condiciones y diseño de la ciudad y sus espacios públicos no es tenida en cuenta en la planificación física de la ciudad.
Como señala Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres “Desarrollo, democracia y urbanización no se traducen automáticamente en seguridad para toda la ciudadanía. Las mujeres y las niñas afrontan riesgo de acoso sexual en los hogares, en el trabajo, en la escuela, en el transporte público y en la calle.”
El derecho de las mujeres con discapacidad a estar libres de explotación, violencia y maltrato puede verse afectado negativamente por los estereotipos nocivos que aumentan el riesgo de sufrir violencia.
Estos estereotipos nocivos infantilizan a las mujeres con discapacidad, ponen en cuestión su capacidad de hacer juicios y las siguen caracterizando como mujeres asexuales o hipersexuales. Esto unido a las creencias y mitos erróneos, fuertemente influenciados por la superstición, aumentan el riesgo de violencia sexual contra las mujeres (tal es el caso de las mujeres con albinismo en algunos países).
Ante esta situación además de concebir y promocionar ciudades libres de violencias para todas las mujeres y niñas sin excepción, tomado en consideración el enfoque interseccional, es necesario que todas las políticas públicas que un estado impulse en materia de prevención y abordaje de la violencia contra las mujeres, tenga en cuenta la específica situación de las mujeres con discapacidad, garantizado, entre otras cosas, la plena accesibilidad de los recursos, servicios e información que se implanten en este ámbito.
En este sentido, la resolución “Transformar nuestro mundo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, establece entre sus objetivos lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Más concretamente persigue eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
La nueva agenda además hace hincapié en la necesidad de renovar y planificar nuestras ciudades y asentamientos humanos con miras a fomentar la cohesión comunitaria y la seguridad de las personas. Además, el Objetivo 11 se centra en lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, donde se garantice el acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles y accesibles para todas las personas y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad y las personas de edad.
