Primero vienen los postes. Luego tiran unos hilos de alambre. Más tarde desmontan la superficie. Hasta que un día aparece instalado el cierre perimetral que obliga replegarnos. Una vez más retrocedemos. Y vamos cediendo así terreno. Porque el río, el lago y la sierra que creímos eran de todos, resulta que ahora tienen dueño.
La pérdida del espacio público a manos de un interés particular ha venido extendiéndose de manera vertiginosa en San Luis durante los últimos 30 años. Es un proceso que no tiene fin y que termina expulsándonos a los puntanos de los lugares tradicionales de recreo, donde antaño concurríamos en familia y grupos de amigos.
En el recuerdo ha quedado el libre acceso a las costas del dique Potrero de los Funes, por cualquier parte del lago. Nadie conocía de privilegios ni zonas exclusivas; menos de estudios de impacto ambiental acomodados según la billetera del cliente y que sólo se los invoca para favorecer una ocupación selectiva de sus tierras.
Negocio inmobiliario mediante, no hay sitio de atractivo turístico que pueda resistir esta voraz tendencia. Pese a la existencia de normas como la ley IX-0727-2010 y su decreto de promulgación 2323/10, que declara zona protegida a las sierras centrales de la provincia de San Luis, incluidos los ríos que tienen su naciente.
La reglamentación, lejos de poner límites a las ocupaciones, sólo habilita al Poder Ejecutivo a establecer eventuales prohibiciones de explotación cuando afecten la zona. Aunque ahora para poder acceder al cerro de la Cruz haya que pelarse las rodillas los primeros metros, y tratar de no romperse la cabeza al momento de descender.
La senda que llevaba a la cima de 1.215 m está cerrada, al igual que el oratorio construido por la familia Ojeda para que los vecinos pudieran visitarlo. Así lo recuerda El Diario de la República, del mismo modo que los torneos escolares que, en el otro extremo de Juana Koslay, prometió organizar el Golf Club a cambio de más superficie sacada al dique vecino.
Los carteles del Golf Club ganaron terreno sobre la loma del dique Cruz de Piedra, al otro lado del vertedero.
Las obras pagadas por el Gobierno Provincial, sumaron nuevos hoyos cruzando el cauce en el vertedero del Cruz de Piedra. Allí existía un circuito de mountain bike donde los ciclistas realizaban sus prácticas y competían.
El sendero, que también era transitado por pescadores en busca de mejor pique, ha sido clausurado desde 2014 con carteles que prohiben ingresar.
Caso extraño el nuestro, que nunca se ha promovido el debate por el uso del espacio público, como lo están realizando colegios profesionales y entidades intermedias en otras ciudades. Sobre todo a partir del nuevo Código Civil que, en agosto de 2015, redujo a 15 metros la distancia entre el margen del río y la línea de edificación privada.
Es la misma medida que rige para los cauces de San Luis, excepto del Conlara y el Quinto, donde llega a los 25 metros. Allí como en cualquier curso natural, todos pueden beber o bañarse, dice el código de aguas de la Provincia en su artículo 10, que espera sin embargo por su demorada reglamentación desde hace años.
“La pérdida del espacio público se ha convertido en un problema invisible”, alerta el arquitecto Fernando Diez al considerar que “se van creando restricciones al paso cada vez mayores”. En un artículo para La Nación el especialista subraya además que su limitación significa la privación de "derechos elementales que son constitucionales" como la libertad de tránsito.
Será cuestión de andar entonces con la cinta métrica a mano, para cuidar que no sigan quitándonos terreno. Como los 12 metros que una estancia de Pancanta le ganó a la banquina de ruta 9, tras reponer kilómetros de alambre por un incendio.
Sólo el refugio del colectivo quedó a salvo del cerco, prueba de que para medir bien les sirve hasta una Rama.
