Lo que en un principio asomó como una gran crisis sanitaria, que le recordaba a la humanidad que pese a transitar, tal vez en el pico más alto del progreso tecnológico y científico de su historia, sigue siendo vulnerable a los antojos de la naturaleza, se convirtió con el tiempo en una catástrofe económica y social que profundiza, entre otras cosas, la dificultad de los aparatos productivos de generar y preservar el trabajo en todo el planeta.
Determinar a las actividades relacionadas con la salud, alimentos y servicios básicos como esenciales, respondió a una estrategia común de casi todas las sociedades del mundo y más temprano o más tarde todas sufren una fuerte recesión económica que lleva a millones de trabajadores, cuyas actividades se ven postergadas durante la pandemia, a una situación límite.
Sostener a las empresas para resguardar los puestos de trabajo y evitar lo que podría ser una crisis social sin precedentes a nivel mundial parece ser la lógica que genera un punto de coincidencia entre los gobiernos, más allá de los matices que les permiten sus ideologías, y en ese proceso todos tenemos intereses que cuidar ya que proteger la vida de las personas es también defender su forma de subsistencia.
Las políticas de aislamiento y distanciamiento social con sus diferentes particularidades o fases trajo a primer plano otras modalidades de desempeño laboral basados en la reducción horaria o el trabajo a distancia (Teletrabajo) como parte del cuidado de la salud de los empleados y la continuidad de las prestaciones de Organismos Públicos y Privados. Los beneficios de estas nuevas formas de trabajo seducen a los empleadores al punto de considerarlas como posibles soluciones en el seno del mercado laboral futuro, pero existen algunas dudas con respecto a los derechos de los trabajadores que no deberían verse relegados y es, en ese orden que varios países, entre ellos La Argentina ya comienzan a legislar al respecto.
Las labores presenciales, entre ellas la de la construcción, son las que más sufren la cuarentena y existe un número de puestos de trabajo que la obra pública no puede retener, por lo cual desde el sector se espera una reactivación total de la actividad privada que cuenta desde el 1 de mayo con el permiso de continuidad de aquellos proyectos que ya estaban en marcha.
La extensión de la cuarentena y su incidencia en el transporte afecta también a aquellas provincias que mantienen un status de distanciamiento social (fase 5) debido al poco e intermitente aprovisionamiento de materiales de construcción a corralones y comercios del rubro y pese a que el Indice Construya de julio remarca que en el último trimestre (mayo, junio y julio), el movimiento de materiales acusa una suba importante después de la caída abrupta al inicio de la cuarentena debido seguramente a cuestiones especulativas y a la recomposición de stock de los distribuidores que no pudieron abastecerse suficientemente en los meses de marzo y abril,tanto el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) como el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo) informan sobre un leve repunte de registros de trabajadores del sector en los meses de junio y julio que no alcanza para revertir la caída de los empleos formales en lo que va del año.
Desde la UOCRA afirman que la merma de ocupación de puestos de trabajo es directamente proporcional a la fuerte retracción del sector que viene desde el segundo semestre del 2019 a la fecha y que el panorama es muy complejo en todos los rubros relacionados con la construcción.
La situación ha puesto a todos los actores del ámbito de la construcción en estado de alerta y la preocupación hoy, es recuperar la dinámica, tanto en la obra pública como privada para generar empleos sostenibles y que la industria vuelva a ser un factor social y económico indispensable de nuestro país.
